miércoles, 19 de noviembre de 2008

Operadores del ALBA se acusan entre ellos

Esposa de promotor en Puno se contradijo ante comisión investigadora.
Ante las investigaciones que viene realizando el Congreso de la República, sobre las actividades y el financiamiento de las denominadas Casas del ALBA, personajes vinculados a estos organismos empezaron a acusarse mutuamente de malos manejos, así como a contradecirse sobre la manera en que obtenían y gastaban recursos.

En la sesión de la comisión investigadora, y ante las preguntas del presidente Walter Menchola (AN), el ex secretario de la Casa del ALBA en Puno, Boris Espezúa, indicó que tenía discrepancias con el presidente de esta entidad, Marcial Maidana, en el sentido de que éste último no rendía cuentas del dinero que recibía como donación. "Nunca mostraba documentos del manejo de los recursos, y él era el único que trataba directamente con la gente de Venezuela y de Bolivia que coordinaba las operaciones con la Operación Milagro. Por eso y otras razones yo renuncié", dijo Espezúa.
Luego el grupo de trabajo interrogó a la pareja de Maidana, Marlene Huarcaya Miraval, quien a pesar de ser fiscal y trabajar en la Unidad de Control del Ministerio Público en la región altiplánica, entró en graves contradicciones sobre el local que se usa para las actividades de esta organización, sindicada como instrumento de penetración ideológica extranjera.
Primeramente, la abogada afirmó que se usaban cinco habitaciones de su casa como oficinas para el tema del ALBA, pero luego dijo que sólo una. Ante la aclaración de la comisión, quiso dar a entender que se usaron cinco ambientes en una actividad especial, aunque no quiso dar ningún detalle sobre ésta.
"Esta vivienda en el jirón Alfonso Ugarte de Puno no fue adquirida ni por compra ni por herencia, sino por un compromiso anterior", señaló la mujer, aunque tampoco reveló quién había sido su anterior pareja.
CÉSAR ROJAS

El dato
Al final de la sesión, el congresista Menchola adelantó que la próxima semana se reunirán con representantes de Contraloría y del Ministerio Público para finiquitar esta etapa de la investigación y empezar a redactar un informe final.

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